“Políticas de población y desarrollo para la realización plena de los derechos humanos”

El director de Derechos Humanos del MEC, Javier Miranda, representó este martes a Uruguay en la instancia de ponencias de las delegaciones sobre las experiencias nacionales en materia de población y desarrollo y hacia la definición de perspectivas para después del 2014, en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

"América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, porque allí la riqueza se distribuye con menor equidad", comenzó diciendo Miranda, y agregó que casi el 20 % de los jóvenes ni estudia ni trabaja, proporción aún mayor entre los de edades entre 18 y 24 años.

Destacó también que es la región donde la mortalidad materna se redujo menos desde el año 2000. “Mueren mujeres al dar vida y también por evitar el drama de un embarazo no deseado; muertes evitables, que son consecuencia de la falta de asistencia y de la judicialización del aborto”, lamentó.

Propuso, para enfrentar estos problemas y otros similares, planificar e implementar políticas de población y desarrollo estructuradas sobre el paradigma de los derechos humanos, porque a su entender, el desarrollo debe ser pensado en función de las personas.

En cuanto a derechos de niños, adolescentes y jóvenes, mencionó la necesidad de garantizar “en la niñez, la adolescencia y la juventud, sin ningún tipo de discriminación, una vida libre de pobreza, el ejercicio de derechos, el acceso a las oportunidades, la salud, la educación y la protección social”. Asimismo, enfatizó que es necesario asegurar la participación efectiva de adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones, en particular en aquellas que les atañen directamente, y en todas las etapas de las políticas públicas.

Además, reafirmó la voluntad uruguaya de dar prioridad a la prevención del embarazo adolescente y evitar abortos inseguros, facilitar el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad e incluir el anticonceptivo oral de emergencia.

En relación con el envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos, mencionó la importancia de formular y ejecutar planes, políticas y programas públicos a partir de la evolución de la estructura por edades, en particular el bono demográfico y el envejecimiento de la población, y las oportunidades y desafíos asociados a esta evolución en el mediano y largo plazo.

Respecto al acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, resaltó la importancia de asegurar que las personas ejerzan en condiciones seguras el derecho a tomar decisiones conscientes, “es decir, libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, de acuerdo a su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia”.

También enfatizó la importancia de evitar la morbilidad y mortalidad materna, incluyendo, dentro del conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y reproductiva, medidas para prevenir y atender el aborto inseguro, que incluyan el asesoramiento pre y post aborto, factible de ser realizado en todos los países, más allá del estatus legal del aborto en cada país.

En cuanto a igualdad de género, Miranda sostuvo que sería importante promover y asegurar la aplicación del enfoque de género, y su intersección con la raza y la etnia, en todas las políticas públicas; incrementar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público; adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

En relación con la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad, enfatizó que se debe construir “territorios más articulados, integrados y cohesionados, mediante el diseño y ejecución de planes, políticas e instrumentos de gestión territorial y urbana”.

En cuanto a pueblos indígenas y población afrodescendiente, expresó que se sostiene la necesidad de políticas que reconozcan la pluralidad de culturas que conforman las sociedades, que tomen en cuenta las especificidades socioterritoriales y culturales, así como los factores estructurales que dificultan el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Finalizando su exposición, Miranda ratificó el compromiso de Uruguay con la agenda “que se comenzara a dibujar en El Cairo 1994 y desarrollara en Quito en 2012”, y concluyó: “Para ello, cuenten con nosotros, como nosotros contamos con ustedes”.

Fuente: Presidencia de la República